Artículos
Sección: Regional
Publicado: Diciembre 2002.
EL
AREA DEL LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS: LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Y SU IMPACTO EN EL ACCESO A MEDICAMENTOS
Guillermo
Murillo
Asociación de Derechos Humanos Agua Buena
Introducción
El Acuerdo
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (NAFTA por sus
siglas en inglés fue establecido en 1994 entre Canadá,
México y Estados Unidos, con el fin de establecer una zona
de libre comercio entre los tres países. Este tratado ha tenido
una acogida mixta: sus partidarios, los cuales incluyen a los tres
gobiernos y a las grandes industrias, afirman que éste ha abierto
importantes mercados, ha aumentado las exportaciones y ha promovido
la inversión, mientras que sus oponentes, principalmente pequeños
empresarios y organizaciones no gubernamentales (ONG´s) argumentan
que por el contrario, lo que ha dejado ha sido desempleo, no ha mejorado
los niveles de vida y no ha frenado las prácticas anticompetitivas
de las grandes transnacionales.
Sean
cuales fueran sus éxitos o fracasos, el TLCAN pronto será
superado. Durante la Cumbre de las Américas, que se realizó
en Miami, en Diciembre de 1994, los ministros de comercio de 34 países
del hemisferio, excepto Cuba, acordaron establecer un área
de libre comercio desde “Alaska hasta Tierra del Fuego”. Se espera
que las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) estén completadas en el 2005. Sin embargo, la falta
de transparencia en el proceso ha preocupado a muchas organizaciones
sociales que trabajan en el área de salud pública, quienes
temen que la protección de los derechos de propiedad intelectual
se hará a expensas de cientos de millones de habitantes de
la región.
Fuerzas
opuestas
Existen
significativas disparidades económicas a lo largo del hemisferio.
Mientras que Estados Unidos y Canadá representan el 80% del
peso económico de las Américas, algunos de los restantes
32 países son pequeñas economías, con una pobre
base manufacturera, limitado acceso al crédito, problemas de
infraestructura y de servicios. Ejemplo de ello son Nicaragua, Honduras
y Haití, que se encuentran entre los países más
endeudados. De los 800 millones de personas que serán cubiertas
por el acuerdo, cerca de 500 millones viven en América Latina
y la mitad de ellos en condiciones de pobreza.
Pese
a estas disparidades económicas, cada país tiene un
objetivo similar que persigue en el acuerdo; acceso a un mercado más
amplio. Sin embargo, el poder de Estados Unidos en las mesas de negociación
implica que los objetivos de este país son los más probables
de ser satisfechos, en comparación con los de sus socios.
Estados
Unidos está promoviendo la aceleración de las negociaciones,
esperando tenerlas terminadas el próximo año. Para el
Director de la Asociación Internacional de Salud de América
Latina, Roberto López, lo anterior se debe a que la recesión
económica de los últimos años en Estados Unidos,
la ha llevado a conquistar nuevos mercados con el fin de estimular
el crecimiento y crear un bloque internacional capaz de competir contra
la Unión Europea (UE).
Sin embargo, varios países se oponen a completar las negociaciones
de manera prematura, considerando que sería aventurado tomar
un acuerdo sin una cuidadosa discusión y sin tomar las medidas
necesarias para que las pequeñas economías se puedan
adaptar. Brasil, el país latinoamericano más fuerte,
es el principal oponente de una aprobación previa, en parte
porque aprobar el ALCA implicaría la pérdida de algunas
ventajas alcanzadas en mercados externos.
Transparencia
De 1994
a 1998, parece que hubo un pequeño progreso en las negociaciones
hasta la Cumbre de Santiago, Chile, celebrada en Abril de 1998, cuando
el Comité de Negociaciones Comerciales fue establecido, conformado
por los vice-ministros de comercio de cada país. Las negociaciones
en serio, incluyendo los subgrupos de trabajo de los nueve temas (Acceso
a mercados, Inversión, Servicios, compras del sector público,
solución de controversias, Agricultura, Derechos de Propiedad
Intelectual, Subsidios, Antidumping y derechos compensatorios y Política
de Competencia), comenzaron a finales de 1999.
La declaración
de la Sexta Reunión Ministerial, en Buenos Aires en Abril de
2001 reafirmó el interés de llevar un proceso de negociación
transparente, con una creciente y sostenida comunicación con
la sociedad civil. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad civil
han criticado fuertemente que las negociaciones se hayan realizado
a puertas cerradas, sin la debida participación de organizaciones
no gubernamentales y otros representantes de la sociedad civil.
En las
discusiones sostenidas en el grupo de Propiedad Intelectual existe
una disparidad entre el principio de transparencia y lo que sucede
en la realidad. Este grupo ha tenido 16 reuniones hasta Junio de 2002.
Los reportes públicos de esas reuniones que aparecen en el
sitio web oficial (htpp://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngprop_e.asp)
se han limitado a los contenidos de la agenda de trabajo y otros pocos
datos, pero no suministra detalles de cual es la posición de
cada país o grupo de países con respecto a cada tema,
lo cual permitiría a los representantes de la sociedad civil
realizar propuestas o ejercer presiones contra sus gobiernos para
apoyar o cambiar ciertas posiciones.
¿Trips-Plus
o Doha?
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS) establecidos en 1995
por la Organización Mundial del Comercio (OMC), otorgaron grandes
prerrogativas a las grandes compañías. En los años
siguientes, dado los abusos en los precios de los medicamentos, los
países comprendieron que debían limitar ese poder. Por
estas razones, en noviembre de 2001, los Ministros de Comercio, reunidos
en Doha, Qatar, declararon que el Trips debería interpretarse
e implementarse de manera que “apoye el derecho a proteger la salud
pública de los miembros de la OMC y, en particular, el derecho
a promover el acceso a las medicinas para todos.” El ALCA podría
significar un retroceso significativo para que los países en
desarrollo puedan suministrar de medicamentos a su población.
Dos posiciones
han emergido en la discusión alrededor del tema de las patentes.
Mientras que unos consideran que el ALCA debe fortalecer la protección
de los derechos de propiedad intelectual (Trips-Plus), los otros manifiestan
que la protección de la patente no debe ser extendida más
allá y que al acuerdo debe incorporarse la Declaración
de Doha, en particular lo que respecta al uso de licencias obligatorias.
No sorprendentemente,
los Estados Unidos apoyan la primera posición y han venido
aplicando presiones de tipo económico y político sobre
los otros países para afianzar su política. Este país
insiste en que las circunstancias bajo las cuales se deben otorgar
las licencias obligatorias deben ser especificadas, que las razones
por la cual un país revoque una patente debe ser limitadas
y que el alcance de las licencias también sea limitado. Además,
desea que el término de 20 años en el plazo de las patentes
sea extendido con el fin de compensar cualquier atraso en el otorgamiento
de la patente y la posibilidad de demostrar la eficacia de su producto,
sin que los productores de genéricos tengan acceso a los datos
de los productores originales.
Otros
países apoyan la posición de República Dominicana,
que propone que los principios de la Declaración de Doha sean
incluidos en el ALCA. Costa Rica considera que el ALCA debe apoyar
la salud pública, que se promueva el acceso a las medicinas
existentes, y que al mismo tiempo, se respeten los derechos de los
titulares de las patentes, incluyendo disposiciones que permitan flexibilidad
en la concesión de licencias obligatorias y a los países
establecer sus propios regímenes para el agotamiento internacional
de los derechos.
Brasil
se ha convertido en el más fuerte defensor del acceso a los
medicamentos esenciales. En Abril de 2001, durante la reunión
anual de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
Brasil presentó una propuesta para que el acceso a los medicamentos
fuera considerado como un derecho humano, la cual fue aprobado por
52 votos contra 0, con una abstención (Estados Unidos). Estados
Unidos consideró que la resolución violaba las normas
internacionales de protección de la propiedad intelectual.
Si Brasil llega a formar parte del ALCA, podría ser obligado
a terminar la producción de versiones genéricas de productos
patentados, los cuales han sido eficaces en el control de la epidemia
del VIH-SIDA.
En América
Latina y el Caribe existe un gran número de fabricantes públicos
y privados de los medicamentos. Muchos son medicamentos genéricos,
de alta calidad a un bajo costo, los cuales cubren las necesidades
básicas de la población. República Dominicana,
por ejemplo, posee una industria farmacéutica competitiva y
de alta calidad, que le ha permitido ahorrar US$200 millones al año
por concepto de importación de medicinas. Más de 100.000
dominicanos se encuentran empleados directa o indirectamente por esta
industria.
La industria
farmacéutica multinacional insiste que el Trips-Plus estimulará
la transferencia de tecnología a los países en desarrollo
e incentivará la investigación y el desarrollo. Sin
embargo, algunos expertos regionales afirman que la extensión
de las patentes solo incidirá en el precio de las medicinas.
Se ha estimado que cuando las patentes fueron introducidas a Argentina,
el precio de los medicamentos subió un 71%, mientras que el
consumo cayó un 50% (www.revistaespacios.com/a01v22n01/12012201.html)
Presión
sobre Canadá, América Latina y el Caribe
Como resultado de la presión de Estados Unidos, Canadá
se vio obligado a reformular su legislación sobre patentes
en los noventa, reduciendo el uso de licencias obligatorias, lo cual
resultó en un considerable aumento en el costo de las medicinas.
Los precios de las prescripciones de nuevas medicinas patentizadas
aumentaron un 20,9% al año, entre 1993 y 1997, comparado al
6,6% de las medicinas que patentó antes de 1987 y del 4,1%
de las no patentadas. Un Alca Trips-Plus conduciría a un gran
deterioro de los precios de las medicinas en Canadá (htpp://www.boletinfarmacos.org/012002/investigaciones.htm)
Existen
muchos ejemplos de las presiones comerciales de Estados Unidos sobre
los países de América Latina y del Caribe, que han debido
modificar sus leyes de propiedad intelectual para acomodarlas al modelo
e interés estadounidense. La mayoría de los países
tienen acuerdos con Estados Unidos en algunas áreas de comercio.
El temor de perder esas ventajas comerciales, tales como las cuotas
en textiles o agricultura, pueden evitar que otorguen licencias obligatorias
en medicamentos. Además, los acuerdos de asistencia militar
son importantes en algunos países latinoamericanos. Los gastos
en este sector son a menudo más altos que los gastos en salud,
y el temor de perder tasas preferenciales en la compra de armas los
limitan a negociar acuerdos que busquen proteger sectores vitales
como la salud y el ambiente.
Continuando
con la presión de Estados Unidos, República Dominicana
se vio obligada a revisar sus leyes de propiedad intelectual en Junio
de 2001, pero pese a los cambios realizados, la industria farmacéutica
estadounidense incitó al Gobierno estadounidense de revisar
los beneficios otorgados a ese país, bajo el Sistema de Preferencias
Generalizado.
Aún
grandes países, como Brasil, Chile, Argentina y México
son frecuentemente presionados con medidas comerciales. En 1996, la
compañía estadounidense Metaclad, reclamó que
el Gobierno mexicano había violado el capítulo 11 del
NAFTA, por evitar que la compañía abriera un vertedero
de basura tóxica en San Luis Potosí, que pudo haber
tenido serias consecuencias para las personas que vivían cerca
del sitio. México tuvo que pagar a la compañía
US$16,7 millones en compensación, por el “daño causado”,
sin embargo, el daño que las personas aledañas pudieron
haber sufrido nunca fue cuantificado.
Trips
plus
En los
últimos años, los países de la región
han realizado cambios significativos en las leyes de propiedad intelectual
para adaptarse a los acuerdos del Trips. Los países andinos,
por ejemplo, se habían opuesto a patentar medicamentos de la
lista de medicinas esenciales de la Organización Mundial de
la Salud. Recientemente tuvieron que variar sus leyes. Todas las legislaciones,
con pequeñas variaciones, garantizan actualmente las patentes
de nuevos productos y procesos que tienen un grado de innovación
y que son susceptibles de aplicación industrial.
Sin embargo,
el actual borrador del ALCA extiende los derechos de los titulares
de patentes más allá de los reconocidos en el Trips
y en las legislaciones nacionales. E incluye recomendaciones en las
que se sugiere que el plazo de las patentes debe ser extendida con
el fin de compensar el tiempo que se duraría en obtenerla.
Además,
mientras actualmente una patente puede ser revocada bajo ciertas condiciones,
incluyendo no uso por cierto tiempo, en el borrador se propone que
una patente sólo podría ser revocada, cuando existan
razones que pudieran justificar su denegación para ser otorgada.
Esto
eliminaría la posibilidad a los países de revocar una
patente si las circunstancias cambian dentro del periodo de 20 años.
Incluso, cuando un país considere que las prácticas
de una empresa son anticompetitivas, sería incapaz de revocar
la patente.
La mayoría
de las legislaciones latinoamericanas reconocen que existe el principio
de importación paralela, que permite importar productos que
son vendidos más baratos en otras partes del mundo. El borrador
del ALCA propone el agotamiento regional, lo que limitaría
sustancialmente esta posibilidad.
Licencias
obligatorias
Las
licencias obligatorias son un instrumento de balance entre el poder
del titular de la patente y el bienestar público. Pueden ser
concedidas cuando el titular de la patente no explota la patente en
un tiempo dado, o cuando ejerce prácticas anticompetitivas
que abusan de los derechos conferidos en la patente.
Cada
país usa licencias obligatorias para corregir prácticas
anticompetitivas, pero sólo en algunos pocos está claro
cuando éstas pueden ser otorgadas. Las leyes de Argentina y
Uruguay indican que las prácticas anticompetitivas incluyen
precios excesivos o cuando existen oferentes capaces de suplir el
mercado con precios más bajos por el mismo producto. La Ley
uruguaya va más lejos, indicando que una vez que se concede
la licencia obligatoria, el titular de la patente tiene la obligación
de dar toda la información necesaria para producir el producto.
Otro
requisito es que la licencia sea principalmente para suplir el mercado
interno, aunque sólo Brasil estipula que el producto para el
cual se otorgó la licencia obligatoria sea hecho en su territorio.
El borrador del ALCA presenta más obstáculos para otorgar
la licencia obligatoria, prohibiendo las exportaciones. El impacto
de ésta cláusula sería evitar que la gente pobre
en los países pequeños tengan acceso a medicamentos
de calidad y a bajo costo, porque sus países no tendrían
las facilidades para producirlas.
Participación
de la Sociedad Civil
Grupos
de diferentes sectores de la sociedad civil a lo largo de América
Latina se han organizado para constituir un frente común contra
el ALCA, pues consideran que este acuerdo plantea peligros para los
intereses de la mayoría de los habitantes de estos países.
Los activistas exigen una consulta oficial a la sociedad civil y a
los grupos de derechos humanos, en un proceso que sea “transparente
y participativo, que asegure el acceso inmediato a los documentos
en negociación, y una evaluación del proceso antes de
adoptar el acuerdo”
La Alianza
Social continental (ASC) ha incentivado a todos los grupos posibles
a oponerse al ALCA, incluyendo a organizaciones internacionales como
Médicos Sin fronteras, Acción Internacional de la Salud
y Oxfam, que han participado en los movimientos globales y/o regionales
por acceso a los medicamentos esenciales.
En abril
de 2001, bajo el eslogan “Otra América es posible”, una segunda
cumbre de los pueblos de las Américas fue llevada a cabo, en
Quebec, en forma paralela a la Tercera Cumbre de las Américas,
durante la cual se produjeron protestas en esta ciudad canadiense
y algunas otras ciudades latinoamericanas. Las demostraciones contra
los acuerdos han continuado durante las últimas reuniones ministeriales.
Parte
del esfuerzo por oponerse al borrador del ALCA se debe a que durante
la Cumbre de Miami en 1994, los Jefes de Estado declararon que ellos
estaban decididos a fortalecer la democracia y los derechos humanos,
apoyar la educación y reducir la pobreza en América.
Desde aquella reunión, sin embargo, las buenas intenciones
sociales se han olvidado. Algunos de los oponentes al ALCA temen que
los derechos humanos, ya débiles en la región, se quebranten
más por los intereses comerciales.
Conclusiones
La mayoría
de los latinoamericanos desconocen del ALCA y sus implicaciones. Sólo
algunos grupos de la sociedad civil han mostrado interés en
el proceso y la mayoría han tenido dificultades para acceder
a la documentación y a que sus propuestas sean tomadas en cuenta
por parte de su gobierno en los grupos de negociación.
El ALCA
puede ser un Trips plus o una versión más apropiada
del Trips, dependiendo de cuánto se modifique el borrador,
de cuántos diferentes grupos puedan participar en la negociación
y cuán capaces sean los gobiernos de negociar a la hora de
la aprobación de la versión final.
Indiscutiblemente
existe un doble proceso en las negociaciones, uno que es presentado
al público y otro que no es presentado o que es presentado
muy tarde, cuando los cambios no pueden ser revertidos. La gente de
las Américas tiene el derecho de conocer cada etapa del proceso
y de participar activamente realizando propuestas y recomendaciones.
La atmósfera
de presión que existe impide a los países negociar con
libertad y la aceptación del acuerdo limitaría su posibilidad
de responder a los problemas de salud por temor a presiones comerciales.
Las protestas realizadas en las recientes cumbres y conferencias son
apenas un preludio de lo que podría suceder en un futuro próximo,
si las autoridades siguen sin escuchar las voces de sus ciudadanos.